Los socialistas exigen la dimisión de Villepin por el escándalo del espionaje

El primer ministro francés, Dominique de Villepin, mantuvo ayer silencio sobre su implicación en el caso Clearstream, un montaje de los servicios secretos destinado a involucrar a su rival Nicolas Sarkozy en una falsa trama de corrupción. Pero el coro de voces pidiendo su dimisión seguía creciendo, desde la líder socialista Ségolène Royal hasta el centrista François Bayrou, para quien la situación del primer ministro es "inviable". Le Parisien citaba fuentes del palacio del Elíseo que sugerían que el presidente, Jacques Chirac, se negaba a "dejar caer" a Villepin.

Según Le Parisien, uno de los pocos diarios que se publican en Francia los domingos, desde el entorno del presidente de la República se considera que la hipótesis de una dimisión de Villepin "no tiene fundamento", y que lo que Chirac desea es "que todo el mundo se ponga a trabajar". Pero este mismo periódico citaba también la profecía de un ministro del Gobierno que no quería ser identificado: "Si nada cambia en los próximos días, el último año del quinquenato [el mandato presidencial] corre el riesgo de convertirse en un largo vía crucis para la mayoría entera [la Unión por un Movimiento Popular, UMP]". La autoridad de Villepin, añadía este miembro de su Gabinete, "ya había sufrido mucho con la crisis del Contrato de Primer Empleo y ahora con el caso Clearstream, la sospecha perdurará pase lo que pase".

Desde la oposición, las críticas subían de tono. Ségolène Royal, la candidata socialista a la presidencia favorita en todas las encuestas, calificaba el momento político como "el fin de un reino sin ética". En un acto con militantes en la localidad de Courrieres, Royal denunciaba la "descomposición" del Estado, aquejado de "una corrupción en el sentido más profundo del término, la de la mentira". "El poder es una corrupción cuando no se sabe a título de qué se ejerce", dijo la líder socialista, que reclamó un "retorno a los valores morales en lo más alto del Estado".

Numerosos políticos pedían ayer la dimisión de Villepin y un adelanto del calendario electoral; desde el que fuera primer secretario del Partido Socialista, Henri Emmanuelli, hasta el líder de la centrista Unión para la Democracia Francesa (UDF), François Bayrou, para quien la situación de Villepin es "inviable" ahora, pero ya lo era "desde hace varios meses". Según Bayrou, Chirac debe adelantar las elecciones presidenciales y legislativas, previstas para mayo y junio de 2007. "Es la tercera crisis gravísima en menos de seis meses", indicó refiriéndose a la rebelión de las barriadas en otoño y la protesta por el contrato precario para jóvenes.

Si como podría ser, Villepin -y Chirac- sigue dispuesto a aferrarse al poder, la pregunta que se hace todo el mundo es cómo se las apañará para sortear este escándalo. Ha tenido un largo puente y le queda la jornada de hoy para armar su estrategia, pero mañana será el centro de la atención del país. El Parlamento, cuya última tarea antes de Semana Santa fue, precisamente, desmantelar su reforma laboral, que había sacado a la calle a millones de franceses una y otra vez, reabre el martes con el plato fuerte del proyecto de ley sobre inmigración, una auténtica arma electoral elaborada nada menos que por Sarkozy.

Por la mañana, el primer ministro se reúne con los diputados de la UMP, y luego acude a la Asamblea Nacional para someterse a la habitual sesión de preguntas al Gobierno. El miércoles hay Consejo de Ministros y el jueves debe someterse a las preguntas de los medios de comunicación, en su comparecencia mensual. Sarkozy también mantiene silencio y parece beneficiarse del escándalo, pero fuentes de su entorno muestran su preocupación porque el desprestigio de la derecha acabe arrastrándole también a él.

Mientras tanto, el implacable trabajo de los jueces Jean-Marie d'Huy y Henri Pons no se detiene. Citando "fuentes concordantes", Le Journal du Dimanche apuntaba ayer que los dos magistrados tienen previsto realizar "acciones importantes" en los próximos días, un eufemismo que todo el mundo traduce por un registro en el palacio de Matignon, residencia del primer ministro. Para tomarle declaración, sin embargo, D'Huy y Pons lo tienen más difícil, pues el protocolo que protege al jefe del Ejecutivo podría forzarles a hacerlo por escrito.

Un registro similar en el Ministerio de Defensa llevó a los magistrados a encontrar la prueba, en forma de nota manuscrita, que les permitió que el general de los servicios secretos Philippe Rondot confesara, según publicó el viernes Le Monde, que habría recibido el encargo de Villepin, entonces ministro de Exteriores, invocando "instrucciones" del presidente Jacques Chirac, de involucrar a Sarkozy en un falso listado de cuentas secretas destinadas a recibir sobornos.